En un mundo donde la equidad y la transparencia son fundamentales para promover un ambiente laboral justo y productivo, es crucial comprender las últimas regulaciones y herramientas disponibles para las empresas.

Con la implementación de los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, que establecen la obligación para las empresas de más de 50 empleados de adoptar un sistema de valoración de puestos más holístico en la gestión de personas, estamos ante una oportunidad única para nivelar el terreno de juego en el ámbito laboral.

Este sistema de valoración no solo es una herramienta para identificar posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas, sino que también puede contribuir significativamente a una gestión eficiente y justa de las políticas de recursos humanos.

Disponer de un sistema de clasificación de puestos de trabajo realista y adecuado a la organización es el primer paso para que las empresas puedan definir y gestionar políticas diferenciales en función de los diferentes colectivos a los que van dirigidas. Esto facilita una cultura de equidad y justicia dentro de la organización, promoviendo un ambiente de trabajo más inclusivo y colaborativo.

La valoración de puestos en los procesos de gestión de personas puede tener un impacto significativo en la política retributiva de los trabajadores, en la gestión del desempeño y en los planes de carrera de los colaboradores, así como en la selección del talento.

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