Desde hace meses crece la preocupación de empresas y plantillas sobre la evolución de los salarios en el próximo año. La escalada de la inflación, provocada por múltiples y complejos factores, está elevando la tensión entre quienes han de soportar el incremento de los costes y repercutirlos en los precios de sus productos y servicios, y de quienes ven mermado su poder adquisitivo para afrontar los gastos del día a día, especialmente cuando su renta se encuentra en los tramos inferiores.
A la vez, en gran parte de nuestra economía y en muy diversos sectores se sigue viviendo una escasez de talento que tensa las curvas de oferta y demanda. La solución a esta situación no es sencilla: un incremento de salarios para igualar el aumento del IPC —ahora, por fin, moderándose— lastraría la ya difícil cuenta de resultados, con unos costes laborales difícilmente absorbibles por el margen o trasladables a los precios. Pero también lastraría el futuro de muchas personas trabajadoras que verían reducidas sus posibilidades de progreso, desarrollo y bienestar. 

Ante esta situación, las empresas más conscientes de las consecuencias de una precipitada y mala toma de decisiones para el futuro, buscan equilibrar los intereses de unos y otros, a fin de garantizar alternativas equidistantes y sostenibles.